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FAO pide a Guatemala ratificar acuerdo de pesca ilegal y aumentar capacidades

16 de Junio de 2017

La FAO pidió hoy a Guatemala ratificar el Acuerdo Sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, y programar acciones para su implementación y cumplimiento.

El representante de la FAO en el país, Diego Recalde, insistió en la importancia de este acuerdo durante un evento en Ciudad de Guatemala, en el que participaron representantes de ámbitos vinculados al sector pesquero y donde se explicó este acuerdo, que entró en vigor el 5 de junio de 2016 y ya avalan 70 países.

"Además de ratificar e implementar el acuerdo, es importante fortalecer las capacidades de las instituciones reguladoras para asegurar un sector pesquero sostenible. Esta actividad es un primer paso encaminado a ello", apuntó, y recordó que Guatemala, en 2015, fue el segundo país de Centroamérica en el que arribaron más buques pesqueros de bandera extranjera (24), detrás de El Salvador (36).

A pesar de estas cifras, explicó, solo hay dos inspectores de pesca, mientras que Panamá tiene 75 y Costa Rica 24, cuando los mares y los océanos tienen el potencial de ayudar a satisfacer la demanda de alimentos nutritivos de los casi 10.000 millones de personas que, según las previsiones, vivirán en la Tierra en 2050.

Los recursos pesqueros contribuyen de manera importante en la seguridad alimentaria y la nutrición, y a las economías.

Según la FAO, en 2014 el total de la producción pesquera mundial (excluidas las plantas acuáticas) fue de 167,2 millones de toneladas, de los cuales 93,4 millones procedían de la pesca de captura y 73,8 millones de la acuicultura.

En este contexto, la pesca ilícita puede representar hasta 26 millones de toneladas de pescado al año, lo que equivale a más del 15 % de la producción total anual de la pesca de captura en el mundo, y además del perjuicio económico se amenaza la biodiversidad.

El Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada es un tratado internacional jurídicamente vinculante centrado específicamente en el problema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecen, en una de sus metas, la necesidad de reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva y la pesca ilegal, un compromiso que Recalde recordó que es de todos los países.

 

 

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