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La Eurocámara aboga por el desarrollo de la acuicultura con más trazabilidad

13 de Junio de 2018

El Parlamento Europeo (PE) dio hoy luz verde a una propuesta para reforzar el sector acuícola, del que España es el primer productor de la Unión Europea (UE), que busca dar más información al consumidor y promover su producción en un contexto de reducción de las poblaciones marinas.

El informe, aprobado por 605 votos a favor, 38 en contra y 30 abstenciones, aboga entre otros aspectos por una mayor trazabilidad de los productos de piscifactoría de aguas saladas y dulces, en un mercado en el que los consumidores no siempre pueden identificar la procedencia de estas especies.

Este aspecto, según explicó a Efe el eurodiputado impulsor del texto, Carlos Iturgaiz (PP), "contribuirá a la transparencia del sector", en un contexto en el que muchos consumidores tienen "miedo" a consumir estos productos "porque no tienen muy claro de dónde proceden y temen que les vendan gato por liebre".

"El consumidor tiene que saber lo que está comprando y cómo se ha criado este producto, y el primer interesado en que esto sea así es el propio sector", defendió el parlamentario vasco, quien destacó "la gran calidad" de la acuicultura española, que representa un 22 % de la producción total de la UE.

España es así el primer productor acuícola de la UE, por delante de Francia (17 %), el Reino Unido (16 %), Italia (13 %) y Grecia (8,5 %), aunque la producción comunitaria total está por debajo de la de Noruega, octavo productor mundial solo por detrás de países asiáticos y primer exportador al territorio comunitario, según datos de la FAO.

En ese sentido, los promotores de la acuicultura en la UE miran hacia este país nórdico como "referente" de la innovación en el sector, "por la forma de producir, lo bien acotados que tienen los espacios y las cuestiones administrativas", destacó Iturgaiz.

Precisamente, los parlamentarios abogaron hoy por reducir las trabas para la obtención de licencias, con un procedimiento "más claro que atraiga a más inversores", y propusieron crear una "ventanilla única" para la gestión de las solicitudes.

El informe plantea medidas para un mayor control de las importaciones y aumentar los estándares de calidad para asegurar que los productos que entran al mercado europeo cumplen con las normas medioambientales y de seguridad alimentaria.

Según critican los eurodiputados, "ciertos países asiáticos producen pescado de acuicultura que no cumple las normas medioambientales, de bienestar animal, sanitarias, sociales y laborales que los operadores de la Unión están obligados a cumplir y que, en ocasiones, violan los derechos humanos".

"Hay control, pero no estricto", admitió Iturgaiz, quien mencionó la necesidad de equiparar las exigencias de calidad entre productos europeos y de terceros países ante la entrada de producción asiática, e insistió en la importancia de "identificar" el origen del producto.

La Eurocámara aboga por este sector como una salida al gran problema alimentario global al que se enfrenta el planeta, dado que "mientras desciende el pescado extraíble disponible la población aumenta", subraya el parlamentario español, y ante el exceso de pesca en los caladeros.

"El ser humano tiene que buscar innovación y tecnología para dar una respuesta al problema que tiene la sociedad en general y que no es solo un problema de Europa, y esta es una de las grandes salidas porque ofrece alimentos con los mismos nutrientes y sin ningún problema añadido", argumentó.

Según Iturgaiz, "la pesca de acuicultura sostenible y la extraíble pueden convivir perfectamente", una idea que no comparten los 38 parlamentarios que han votado en contra del informe, entre ellos la gallega Ana Miranda (BNG), para quien esta técnica productiva "va en detrimento de la pesca artesanal y el marisqueo".

La eurodiputada teme, además, que una mayor apertura a la acuicultura y a la "flexibilización de los criterios para la aprobación de las plantas" puedan favorecer la especulación en el sector y perjudicar las áreas protegidas.

Con este informe, los parlamentarios esperan que la Comisión Europea (CE) promueva la inversión y las ayudas a los piscicultores en la Política Pesquera Común (PPC) a partir de 2020, un sector que representa el 20 % de la producción pesquera total de la UE y da empleo a unas 85.000 personas.

 

 

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