Síguenos en Facebook
Titulares Ruta Pesquera Toda la actualidad informativa

La gestión pesquera en Galicia

Edición Julio / Agosto de 2018

La problemática de la gestión de los recursos pesqueros obliga a detenerse tanto en el análisis de las situaciones de acceso como en los ámbitos de la comercialización. Algunos investigadores, y políticos, identificaban que una situación en la que no se definan los derechos de propiedad  conduce a la sobreexplotación y a la ineficiencia. Por el contrario, otros estudiosos y decisores públicos proponen que es preciso definir las reglas de acceso y de uso de los diferentes recursos pesqueros para poder revertir el estado de muchas poblaciones de peces en situación de colapso o de falta de reclutamiento. La clave está, por lo tanto, en como consideramos al recurso. Lo hacemos como si fuera un bien de capital o lo consideramos exclusivamente como un recurso natural y sobre el mismo definimos las estrategias de los propios usuarios.

El sector pesquero en Galicia pone de relieve la existencia de una actividad de carácter, preferentemente, familiar junto a otras estructuras organizativas que adoptan la forma de empresas con trabajadores asalariados en lo tocante a la tripulación y al personal de tierra. Por otra parte, la especialización productiva es muy variable y diversa; ya sea por sus condiciones de inestabilidad, intensidad, lugares de pesca, uso de tecnología o definición de especies-objetivo. Y, en tercer lugar, los pescadores adoptan diversas formas de asociación, ya sean guiadas por conductas individuales, ya sea por acciones colectivas en lo que atañe a los procesos de producción, de comercialización o de representación.

Cada una de las múltiples actividades existentes posee una regulación y un sistema de gobernanza diferente. Las variables-claves, tomadas en perspectiva económica, arrojan distintas estrategias en lo que atañe a los campos de la producción, de la comercialización y de la inversión. De ahí que sea muy complejo definir una única política pesquera.

Ecuaciones a resolver

Por eso, la mayor parte de las nuevas estrategias pesqueras se basan en resolver dos ecuaciones. La primera, consiste en conciliar una dinámica socio-económica que combine demanda, tecnología, conocimiento científico, acción social y sistemas de derechos. Y, la segunda, radica en cómo desarrollar e implantar un proceso adaptativo, en el que sea plausible complementar sistemas participativos y gobernanza con una sostenibilidad responsable y duradera.

El sector pesquero gallego y el mundial en general, se basa en un devenir histórico, eso que se denomina la path dependence, que conduce inevitablemente a una amplia diversidad institucional, que nos va alejando progresivamente de las soluciones únicas y que nos obliga a desplegar un amplio abanico de estudios de caso, y de soluciones ad hoc, para poder abarcar la complejidad existente. De esta forma, se constata la pluralidad de factores y de perspectivas que afectan a las dinámicas de cambio. Los efectos del cambio climático, por ejemplo, no dejan de ser el mejor ejemplo para explicar este aserto. Además, todavía, no disponemos de una secuencia contrastada de las repercusiones sobre el medio marino y sobre la pesca en particular; pero, en cambio, si se puede avanzar y actuar sobre una dinámica de cambio ostensible.

Un segundo factor es la dirección del cambio; esto es, hacia donde se camina y con que velocidad e intensidad se transita. No dejan de ser interesantes las distintas apuestas, en lo que a la ordenación pesquera se refiere, cuando se analizan las medidas aplicadas en cada una de las áreas marinas protegidas o como se articulan las reglas que definen los usuarios de las organizaciones de productores cuando tienen la ocasión de adoptar criterios propios y autónomos. En este sentido, de un tiempo a esta parte, ha cambiado la prelación de los objetivos y ahora, en la actualidad, es preciso utilizar más variables para poder definir una estrategia.

Finalmente, un tercer factor es la dinámica institucional, o como se articulan y arbitran los movimientos arriba-abajo (basados en liderazgos y en la capacidad para mediar en la correlación de fuerzas entre los grandes grupos) o los movimientos abajo-arriba (a partir de nuevos valores y normas que permitan conseguir nuevos equilibrios).

En cualquiera de ambos supuestos, es muy relevante que el colectivo pesquero posea un ajustado auto-cumplimiento en sus normas y valores que le permita reforzarse a través de análisis y visiones a medio y largo plazo. Dicho de otra forma es posible, aunque complejo, definir los problemas de gestión como una apuesta robusta, sostenible y participativa que permita combinar, como base del programa de la estrategia de los pescadores, los datos biológicos con los datos económicos y con los datos institucionales.

Etapas de ordenación y gestión.
Consecuencias             

Repasando la reciente historia pesquera gallega se pueden establecer varias etapas en lo referente a la ordenación y gestión, ateniéndome a lo establecido por Marta Álvarez, en su excelente tesis recientemente defendida.

Una primera etapa, la comprendida entre 1985-1990, denominada de ordenación, se centró en la regulación de los aspectos básicos de las pesquerías y en el desarrollo competencial de la administración autonómica. En los primeros gobiernos de la Autonomía, presididos por representantes de partidos distintos (PP y PSdG/PSOE), hubo siempre una Conselleria de Pesca en la estructura del Gobierno, como un símbolo de la transcendencia histórica y sectorial.  

La segunda, entre 1990-199 de mayoría conservadora, fue una apuesta por la denominada racionalización; esto es, se enfatizó en criterios de eficiencia económica y un claro abandono de la dimensión social. Provocó conflicto y confrontación con y entre el sector. Durante dicho periodo se aprueba la Ley de Pesca 6/1993. La tercera fase, también de mayoría conservadora, es la de conciliación. Se ubica entre 1994-2000. Introduce la dimensión social como objetivo político, una mayor flexibilidad en la aplicación de las normas; y una amplia capacidad negociadora. Sin embargo, anota una pérdida de credibilidad en el sector.

La cuarta etapa, entre 2001-2005, fue la de revocación. Se vuelve a la etapa racionalista al incrementarse el conflicto y la falta de credibilidad ante el sector, dada la aplicación de ciertas normas que generan controversia. La quinta etapa, correspondiente al periodo 2006-2009, con gobierno PSdG/PSOE-BNG, es la llamada de re-orientación, donde la dimensión social se integra como objetivo de la política y donde se constata la modificación del status quo, al dar cabida a más actores e innovar en la dinámica de la co-gestión. Se aprueba la Ley de Pesca 11/2008. Finalmente, la sexta etapa, 2009-2012, con vuelta del PP al poder, es la de mediación, ya que se incluye a la dimensión social como garante de la sostenibilidad. Se adaptan las normas a la realidad práctica del sector y se recuperan los procesos participativos. Se promulga una nueva la Ley de Pesca, la 6/2009.

Las consecuencias de este análisis revelan la existencia de varios rasgos permanentes. El primero, es la mayor capacidad de gestión en las transiciones sociales y económicas, al detectar una gran maniobrabilidad de las instituciones al operar bajo diferentes circunstancias: Como la entrada en la CEE; la amplia disponibilidad de fondos europeos; la existencia de épocas de fuerte recesión, entre otras.

La segunda, es la resistencia al cambio, mucho mayor en lo que respecta a la pesca artesanal, subsector que apenas desea experimentar modificaciones radicales o disruptivas para mejorar sus posicionamientos en las cadenas globales de valor.

La tercera, es la alta volatilidad de las decisiones públicas, que alternan periodos de flexibilidad y de pactos con fases de dureza y crispación; incluso con connivencia en el incumplimiento de las normas junto a los correspondientes comportamientos oportunistas; al punto que algunos hayan opinado que estamos en presencia de unas “normas de papel” que son efectivamente ignoradas por los usuarios que, al mismo tiempo, contribuyen a socavar la legitimidad de cualquier sistema.

La cuarta consecuencia extraída del análisis es la continua dinámica de confrontación entre administración y sector, siendo escasos los acuerdos formales e informales que pudieran favorecer la cooperación y una demanda urgente de soluciones que limiten la gestión en tiempos de crisis.

La quinta, es el predominio de la minimización de los conflictos, en la medida que se desea evitar la distribución de los impactos de las políticas regulatorias entre los usuarios y no plantear aquellas actuaciones necesarias y urgentes con objeto de paliar los desajustes estructurales existentes.

La sexta y última consideración es la continua generación de información, ya que es constante el flujo de datos, informes y conocimiento para coadyuvar a tomar decisiones con mejor información, sin que ello haya significado poner fin a la improvisación en algunas de las decisiones claves.

En suma, la decisión de regular y de gestionar los recursos pesqueros no deja de ser un “arte” y por tanto, un auténtico banco de pruebas para poder medir nuestra capacidad de hacer frente a los problemas existentes y futuros; y en segundo término, la evaluación de las políticas de ordenación pesquera sirven para proporcionar una base de conocimiento de cara a instrumentalizar y llevar a cabo una acción colectiva eficiente, racional y sostenida en el tiempo.

 

Dr. Fernando González Laxe
Catedrático de Economía Aplicada
Universidad de Coruña

©2018 Ruta Pesquera. Todos los derechos reservados. Síguenos en: Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter

Edif. Atlas Mod. B 0-3 11.011 (Cádiz) Teléfono: 956 278 507 Fax: 956 257 700 E-mail: labor@rutapesquera.com