La Generalitat de Catalunya reclamó a la Comisión Europea la revisión de la política de restricciones pesqueras por lo que se refiere a la fijación de posibilidades de cara a 2025.
Esta petición se basa en un informe del Instituto Oceanográfico de Cataluña (ICATMAR) en el que se incluye una evaluación en aguas catalanas de las cinco poblaciones de peces relevantes en el Plan de la Unión Europea, sobre la gestión de la pesca demersal del Mediterráneo occidental.
El estudio determina que todas las poblaciones evaluadas estarían dentro de “los límites biológicos seguros: La merluza, el salmonete y la cigala muestran niveles de biomasa por encima de los mínimos que garantizan el buen estado de las especies a largo plazo, mientras que la biomasa de la gamba blanca y la gamba roja estarían muy por encima de los óptimos”.
Los resultados muestran que la merluza y la cigala se pescan al nivel del denominado Rendimiento Máximo Sostenible; el salmonete y la gamba roja por debajo de este umbral máximo establecido y solo la gamba blanca, especie que ha proliferado en los últimos años a causa del cambio climático, se pesca por encima de este objetivo de gestión.
El ICATMAR analizó más de un millón de peces, que muestran que todas las medidas que se han llevado a cabo para mejorar la población de estas especies “están teniendo efectos positivos rápidos y robustos sobre los recursos pesqueros”, según una nota facilitada por el Govern.
En Cataluña, la pesca de arrastre, regulada en el ámbito comunitario desde el año 2019 mediante el Plan Plurianual de Gestión de la pesca demersal del Mediterráneo occidental, sostiene todo el tejido de la industria, incluidas las cofradías de pescadores, los puertos pesqueros y las lonjas.
Según los datos facilitados, las capturas de la flota de arrastre con puerto base en Cataluña bajaron a 6.192 toneladas en 2023 frente a las 7.854 toneladas del año 2019, lo que supone una reducción del 21,1 %.
Además, la flota disminuyó de 224 unidades en 2019 a 202 este año 2024, con un 10 % menos. “Esto equivale a pasar de 184 días de pesca por barco en 2018 a, como mucho, 159 días en 2023”, afirmaron. La Generalitat participó en la consulta de la Comisión Europea previa a la redacción del reglamento que determina las posibilidades de pesca para 2025 en el Mediterráneo occidental.
Reclama que “no hay ninguna base para adoptar medidas correctoras de emergencia en la zona de gestión pesquera correspondiente a las aguas catalanas”.
A juicio de la Administración catalana, se debe desarrollar, “urgentemente”, la revisión de las metodologías oficiales de evaluación de las existencias pesqueras y, mientras tanto, las posibilidades de pesca para el próximo 2025 se deberían mantener cautelarmente en los niveles de 2024 o incluso de 2023.