La propuesta de Reglamento Comunitario para el plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, en su forma actual, supone el fin de la flota de arrastre en la mayoría de los puertos españoles.
El sector pesquero está de acuerdo que es necesario tomar medidas para proteger los recursos y llevar a cabo una actividad pesquera sostenible. La sostenibilidad debe conseguirse ambiental pero también de la parte SOCIOECONÓMICA, algo que en la propuesta actual no se ha tenido en cuenta a pesar de lo obvio que parece.
El Mediterráneo es un mar semicerrado rodeado por muchos países, tanto de la Unión Europea como no Comunitarios, y hay que evaluar y corregir las interacciones no solo entre ellos sino también debido a factores externos a la pesca, si realmente queremos que nuestro esfuerzo sirva para conseguir el objetivo principal. Es fundamental incluir en la gestión del Mediterráneo medidas para reducir la contaminación, el cambio climático, las obras costeras y todo aquello que tiene un efecto directo sobre las poblaciones de peces.
Es básico que la normativa que se aplique sea tanto para los buques de la Unión Europea como para los del norte de África. La flota que opera en el Mediterráneo está compuesta en un 60 % por buques de la UE y un 40 % que no son de la UE, ¿debemos detener la actividad de nuestros barcos para mejorar los stocks mediterráneos mientras casi la mitad de la flota continua operando? Una reflexión fundamental previa a aplicar la norma.
Ahora vemos que las medidas que se han puesto sobre la mesa para reducir el esfuerzo pesquero en favor de la regeneración de los stocks también van a ser erróneos tal y como sucedió en anteriores reformas de la Política Pesquera, y la flota pesquera española y europea sufrirá las consecuencias en primera persona, y también directamente el mercado del producto fresco con huella ecológica menor que la del pescado importado o congelado.
La administración andaluza junto con el sector pesquero andaluz llevamos tiempo trabajando en propuestas para mejorar la gestión de nuestros stocks, a través de medidas factibles para el pescador y que repercutan en la mejora de los caladeros. Pero ninguna de estas medidas, que están sobre la mesa desde 2016, se ha visto implementada por la lentitud de la administración nacional y europea, y la falta de propuestas consensuadas con el sector. Los aspectos más espinosos de esta propuesta para nosotros son:
1. Periodo a tener en cuenta: 2012-2016 (en vez de 2015-2017).
2. Valor de referencia de “Días de Pesca” mediante el máximo numero de días acreditados.
3. Un límite mínimo de días de pesca que no pueda bajarse.
4. No diferenciar unidades de gestión, la gamba roja con respecto al resto de pescado.
5. Asignación de días de pesca teniendo en cuenta el conjunto de toda la flota, no por segmentos de eslora.
6. La propuesta debe contemplar medidas específicas para cada GSA, sin tener en cuenta el estado de otras. Medidas directas que respondan al estado real de cada zona y stock.
7. Medida desproporcionada de exclusión de pesca hasta los 100 m de profundidad entre mayo-julio.
8. Los TACs son imposibles de implementar (pesca multiespecífica, países no comunitarios).
9. Actos delegados CE: Si no se hacen consultas, la rentabilidad social y económica puede verse muy cuestionada.
Por todo esto, y habiendo realizado un análisis particular de las empresas pesqueras andaluzas, sabemos que los umbrales de días de pesca que el reglamento quiere establecer hacen inviable la rentabilidad de los buques de arrastre, así que de continuar con esta propuesta en el estado actual, supondría la desaparición del grueso de barcos pesqueros de arrastre, que son los que suministran la mayor variedad de especies que consumimos en nuestra dieta mediterránea, y el mayor volumen que la sociedad española compra en cuanto al pescado fresco de fondo (crustáceos, cefalópodos, merluza, brótola, salmonete, pintarroja, etc.).
Es estrictamente necesario que cualquier medida que tenga que ver con la reducción de esfuerzo que pueda alterar el desarrollo normal de una actividad empresarial, su impacto socioeconómico debe ser evaluado como primera medida. Trabajemos codo con codo entre sector pesquero y administración a todos los niveles para asegurar la sostenibilidad junto a la rentabilidad de la flota para que la pesca tenga futuro, y nuestra sociedad siga teniendo productos marinos frescos.