El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, avanzó que se está trabajando para establecer “flexibilidad” en el reglamento que prepara Bruselas para fijar áreas marítimas vulnerables y que conlleva la prohibición o disminución muy significativa para la pesca de fondo en 94 áreas de pesca de España, Portugal, Francia e Irlanda.
El objetivo de España y de las comunidades autónomas afectadas, entre ellas Galicia, es que la Comisión Europea abandone esta intención de prohibición de la pesca de fondo “y se abra un periodo de consultas”, explicó el ministro tras una reunión con el sector pesquero en Burela (Lugo).
El ministro de Pesca destacó que ante esta posibilidad se está produciendo “una gran movilización por parte de los Estados miembros y de los diputados europeos” porque entiende que la decisión de proteger el medio ambiente y la biodiversidad “no puede ir en contra de los intereses de la flota, en particular de la flota de Gran Sol”.
Sector pesquero y Galicia
El presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, Javier Garat, tildó lo sucedido de “lamentable” y añadió, “la Comisión Europea lleva mucho tiempo intentando dar vueltas a este acto de ejecución para cerrar un montón de zonas, supuestamente para proteger los ecosistemas marinos vulnerables”.
Garat, también secretario de la Confederación Española de Pesca, considera que la Comisión no ha realizado una consulta adecuada al sector pesquero, ha interpretado a los científicos de una manera “muy peculiar” y “se han basado en datos de los buques de arrastres de fondo de los cuatro países, pero no en otros como los busques de palangre de fondo o de anzuelo”.
“Vamos a seguir insistiendo a la Comisión Europea y a los Estados miembros de que esto no es forma de proceder. Estamos dispuestos a aportar los datos necesarios de nuestros barcos para contrastar la información, sentarnos y ver dónde hay que proteger”, concluyó.
Galicia abre la puerta a recurrir a la justicia por cierre de caladeros en Gran Sol, para ello, la Xunta realizará un seguimiento exhaustivo de los pasos que dé Europa en este sentido con el objetivo de defender, en caso de que sea necesario, “por la vía jurídica los intereses de la flota pesquera gallega afectada”.