La Comisión Europea instó a finales de febrero a los Estados miembros a prohibir la pesca de arrastre en al menos el 20 % de las aguas marinas de cada país, para marzo de 2024 a fin de garantizar la eliminación gradual de este método en todas las zonas marinas protegidas para 2030, además de no permitirlo en las de nueva creación.
Así lo confirmó en rueda de prensa el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, quien explicó que estas acciones pretenden restaurar los ecosistemas marinos y reducir el impacto de las actividades pesqueras en el medio ambiente marino.
Este paquete de políticas marítimas incluye cuatro documentos: Una evaluación de la Política Pesquera Común, una evaluación de la organización común de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura, un Plan de Acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y resistente y una estrategia para la transición energética del sector pesquero comunitario.
Acorde al texto del plan, para finales de marzo de 2024, los Estados miembro deberán adoptar medidas nacionales o bien presentar recomendaciones conjuntas para eliminar progresivamente la pesca de arrastre en todas las zonas protegidas existentes y no permitirla en las de nueva creación, a fin de alcanzar el objetivo de eliminar este método de todas ellas para 2030.
De forma paralela a la adopción de medidas y presentación de recomendaciones, la Comisión espera que los Estados miembro preparen y publiquen hojas de ruta en las que describan las medidas que tienen previsto adoptar para aplicar el plan de acción.
Esta planificación debe incluir, al menos, detalles sobre la identificación de las zonas en las que debe prohibirse la pesca de arrastre, teniendo en cuenta los compromisos de los países de crear nuevas zonas marinas protegidas para 2030.
Además, para mediados de 2023, los países de la UE deberán finalizar el límite para la extensión máxima admisible de lecho marino que puede perderse o verse afectada negativamente por la presión humana y tendrán que adoptar “sin demora” medidas nacionales o, en su caso, presentar recomendaciones conjuntas para aplicar estos umbrales.
El paquete presentado por Bruselas incluye la promoción de una transición energética, mejorar las condiciones de trabajo y avanzar hacia fuentes de energía renovables y bajas en carbono.
La Comisión publicó una comunicación sobre la aplicación de la PPC, que Bruselas no ve necesario reformar por el momento.
Críticas del sector
En su comunicación, Bruselas define la pesca de arrastre como “una de las actividades más extendidas y perjudiciales para los fondos marinos y el medio ambiente”, lo que ha suscitado las críticas del sector, entre ellas, las de organizaciones como Europêche o la Alianza Europea de Pesca de Fondo que rechazan el objetivo de eliminar progresivamente este arte.
Javier Garat, presidente de Europêche señaló que las disposiciones de la PPC están obsoletas y califica de “imprescindible” su revisión: “La PPC tiene 40 años y su última reforma fue hace 10 años. A
la luz de los grandes avances de los últimos años, las prioridades y herramientas de la PPC actual están obsoletas. Fue diseñado para un escenario anterior a la pandemia de COVID, la crisis energética, el BREXIT y la recuperación de las poblaciones de peces de la UE. Una mejor implementación de las reglas obsoletas no es una opción, una revisión es imprescindible”.
“Debemos intentar hacer compatible la protección del medio ambiente con la actividad humana y, en particular, con la tan necesaria producción de alimentos. Intentar convertir nuestros mares en santuarios marinos costaría al mundo mucho más en deforestación y pérdida de biodiversidad que por la pesca”, añadió.
Sin embargo, Sinkevicius aclaró que la Comisión no propone la prohibición, sino que pide a los Estados miembro que apliquen todas las medidas pertinentes antes de marzo de 2024, y solo entonces, cuando haya evaluado las medidas, podrá presentar una propuesta legislativa, aunque para ello tendrá que realizar una evaluación de impacto en la que ha asegurado que se avanzará con “cautela” y respetando los principios sociales, económicos y medioambientales que garantizan la longevidad y la rentabilidad del sector pesquero.