Los subsidios en la gestión pesquera

El sector pesquero ha conocido un largo periodo de crecimiento en los últimos años. De los aproximadamente 20 millones de toneladas capturados en los años cincuenta se ha pasado a los 93 millones de los pasados ejercicios. La pesca se ha convertido en una actividad vital tanto para el mantenimiento de un modo de vida como para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria en el planeta. No obstante, en la actualidad, la capacidad pesquera está amenazada por una crisis de sobre-pesca en unos casos y de un manejo inadecuado de los recursos, en otros supuestos.

Muchos gobiernos ante dicha situación, y con objeto de paliar los desajustes derivados de dicha coyuntura, distribuyen entre sus productores grandes cantidades de dinero en apoyo del funcionamiento de sus sectores pesqueros. En algunos casos, lo efectúan a través de transferencias presupuestarias dirigidas al manejo o a las infraestructuras y, en  otras ocasiones, bajo la forma de subsidios directos. También, está contrastado el hecho que dichas subvenciones y apoyos públicos no siempre están coordinados entre si, ni con las propias políticas de gestión y ordenación pesquera. Los resultados finales, es que los subsidios pueden llegar a significar un auténtico derroche, muy injustificado y contraproducente, frente a las intenciones originales de la política pesquera.

Asimismo, también está verificado como los subsidios pueden llegar a distorsionar, de manera muy significativa, y ostensible, las ventajas competitivas en el comercio global de los productos del mar, al provocar prácticas comerciales desleales. Es decir, en determinadas ocasiones los apoyos y subsidios públicos afectan a la competencia entre Estados; y, en otros, las repercusiones afectan a la capacidad de los países para poder competir con flotas extranjeras.

Ante esta situación, resulta necesario plantear un análisis que evalúe la efectividad del gasto público dirigido al sector pesquero. Con ello, no planteo un recorte de las transferencias gubernamentales; sino una reforma de los subsidios y apoyos públicos. La razón estriba en que cuando los subsidios no están bien diseñados, las consecuencias pueden acarrear un potenciamiento de pesquerías no saludables, ni económicamente viables. En ese sentido, las reformas de los subsidios pueden constituir un elemento clave tanto para la gobernabilidad como para sostener una política social en el campo pesquero.

Los recientes estudios publicados por instituciones e investigadores subrayan tres elementos: a) algunos subsidios pueden tener efectos benéficos (como la contribución a la mejora de los sistemas de gestión o los propios avances en lo que concierne a la investigación pesquera); b) otros subsidios poseen efectos negativos (como la ayuda financiera indiscriminada para la construcción de embarcaciones que podrían promover situaciones de sobre-capitalización y de sobre-explotación); y c) algunas políticas basadas en los subsidios solo buscan paliar, a corto plazo, las ineficiencias y desajustes en términos de producción y de ingresos del sector; cuando la ordenación pesquera busca manejos que fomenten la sustentabilidad a largo plazo y garanticen la viabilidad económica y social de las comunidades pesqueras.

Los datos aportados por los últimos trabajos generan una amplia controversia. Para la FAO y la OCDE los subsidios a la pesca representan alrededor de 30.000 a 35.000 millones de dólares americanos anuales; poseyendo el 80 % de dichos subsidios, un impacto negativo. Ussif Sumaila y colaboradores, de la Universidad British Columbia, de Vancouver, estiman dicho porcentaje en el 55-65 %; en tanto que afirman que el 20-30 % de los mencionados subsidios totales poseen efecto positivo. Y el equipo coordinado por J.C. Seijo, de la Universidad Marista, de México, plantea que es necesario analizar el impacto de los subsidios en el sector pesquero en función del estudio de los puntos de referencia límite. Es decir, limitando y prohibiendo las ayudas públicas en aquellas situaciones peligrosas para el recurso, para el ecosistema y para la sustentabilidad de las pesquerías.

No hay duda que la generalización de los subsidios al sector pesquero afecta de manera directa al mercado global de los productos del mar y a sus productores. En el mismo coexisten flotas pesqueras que han dispuesto de aportaciones de apoyos públicos con otras que no se han beneficiado de dichos incentivos, bien por no existir en determinados Estados programas de apoyo e incentivos; o por no disponer el país costero de suficiente capacidad económica (por ejemplo, los casos de determinados países en desarrollo).

Asistimos a situaciones desequilibrantes que algunos organismos internacionales no desean ni contemplar, ni por supuesto corregir e intervenir. Es aquí, donde se produce una discusión entre aquellos países que desean reducir los subsidios y aquellos otros que desean establecer normas especiales para las subvenciones que permitan garantizar una explotación racional y sostenible de sus stocks pesqueros. La progresiva especialización productiva junto a la mayor introducción del eco-etiquetado y de las normas de trazabilidad de los productos pesqueros puede verse empañada por dicha situación de comercio desventajoso o de competencia desleal. De ahí, la dinámica actual que contempla una creciente movilidad de las flotas de un país a otro, acelerando los procesos de deslocalización geográfica, en función de las ventajas fiscales, comerciales y de acceso a los recursos.

En suma, afrontar un manejo responsable de las pesquerías requiere de un análisis muy riguroso de los subsidios que se otorgan y se distribuyen. Aquellas subvenciones que incrementan artificialmente las utilidades pesqueras (establecidas a través del esfuerzo y de  la capacidad de pesca) y que contribuyen a superar los puntos de referencia límite deberían limitarse y prohibirse. No obstante, deberían continuar, pues son indispensables, el uso de incentivos para aquellas actividades que fomenten el desarrollo tecnológico, la adopción de artes de pesca selectiva y la explotación responsable de los ecosistemas costeros.

De igual forma, también deberían estar contempladas las ayudas públicas para las acciones tendentes a mejorar las condiciones de vida de las comunidades pesqueras, para combatir la pobreza en dichas áreas y para incrementar la cualificación profesional.

Un debate apasionante que debe ser abordado con realismo y sin demagogias.

Tabla. Análisis y principales efectos de los subsidios pesqueros